Zohra, el pasado 26 de junio, durante su primer intento de desahucio | FOTO: XLAVAPIES

Sin tiempo aún de reponerse del impacto del desahucio de la nonagenaria Marina López el pasado miércoles, es muy posible que Lavapiés vea el próximo martes cómo otros vecinos del barrio, Zohra y su familia, corran idéntica suerte. Un juez ha fijado para ese día, a las 8 horas, el desalojo del piso en el que viven de alquiler, situado en el número 31 de la calle Zurita. Contra esta decisión hay presentado un recurso, todavía sin respuesta por parte del magistrado.

Si todo sigue como hasta ahora, el del martes será el segundo intento de echar a esta mujer, a su marido y a su hijo de 8 años, del que ha sido su domicilio en los últimos tiempos, tras uno anterior el pasado 26 de junio. Grupos vecinales y defensores del derecho a la vivienda han vuelto a convocar para el martes, 16 de julio, otra concentración de apoyo a Zohra -desde las 7:30 horas- y a su familia con el objetivo de detener el alzamiento.

Para esta ocasión las autoridades movilizarán a las Unidades de Intervención Policial (UIP), por lo que se espera un gran despliegue de efectivos (en el desahucio de Marina se movilizaron 9 furgones de la policía nacional y numerosos agentes) que hace pensar en la firme intención de ejecutar el mandato judicial, por mucho que haya un Real Decreto en vigor que establece una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2024 sobre este tipo de actuaciones cuando hay familias vulnerables de por medio sin alternativa habitacional.

Zohra, el pasado 26 de junio | FOTO: XLAVAPIES

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, desde donde se está prestando acompañamiento y defensa jurídica gratuita a Zohra, indican que, a día de hoy, nadie ha ofrecido una alternativa habitacional a esta familia y que el juez Roberto Fernández Muñoz, titular del juzgado de primera instancia nº70, ha decidido seguir adelante con el proceso de desahucio argumentando que Zohra no ha podido probar que su casero es dueño de varias propiedades inmobiliarias.

Según el Sindicato de Inquilinas, el casero de Zohra es el arquitecto Antonio del Pozo, un gran tenedor, promotor de viviendas de lujo y propietario, entre otros inmuebles, de todo el edificio del número 31 de la calle Zurita, el cual cuenta con 27 viviendas. Aseguran que al juez se le ha hecho llegar esta información y que «Zohra, su marido y su hijo menor de edad serán desahuciados de su hogar a pesar de cumplir con todos los requisitos de vulnerabilidad que marca el Real Decreto que suspende los desahucios».

FALTA DE MANTENIMIENTO

El conflicto entre Zohra y su casero se inició, siempre según los representantes legales de esta mujer, por la negativa del propietario de la vivienda a realizar las reparaciones que le corresponden como arrendador ara mantener el piso en unas mínimas condiciones de habitabilidad. Por esta razón, Zohra dejó de pagar el alquiler hasta que no se subsanaran los problemas que presentaba la vivienda.

«La casa tiene muchísima humedad, infestaciones de chinches y cucarachas y problemas estructurales graves, como techos a punto de colapsar y filtraciones de agua desde el baño de los vecinos de arriba. Estas condiciones han afectado la salud de Zohra y a la de su hijo, quienes sufren problemas respiratorios desde hace casi dos años. El casero, que posee 27 pisos y reside en Tenerife, es una persona con los recursos suficientes para arreglar el edificio, pero ha optado por no hacerlo. Todo el edificio -propiedad del mismo dueño- enfrenta problemas similares, con cada vivienda en mal estado. A pesar de esto, se niega a realizar las reparaciones necesarias y ha dejado a Zohra y a otros inquilinos sin agua caliente durante meses».

SIN ALTERNATIVA

Según el Sindicato de Inquilinas, «Zohra y su familia sobreviven con una pensión y un pequeño ingreso mínimo vital. Actualmente, los precios de alquiler alcanzan los 1.400 euros al mes, con requisitos de contrato fijo y un año de trabajo estable, condiciones imposibles para ella debido a su situación económica y de salud. A pesar de llevar más de un año solicitando una alternativa habitacional en Servicios Sociales, las administraciones no le han dado respuesta».

Concentración vecinal a favor de Zohra el pasado 26 de junio | FOTO:XLAVAPIES

«JUECES A FAVOR DEL RENTISMO»

Desde el Sindicato se asegura que «el caso de Zohra no es aislado» y que «cada vez más, observamos cómo los jueces deciden no aplicar el Real Decreto que protege a las personas vulnerables, tomando decisiones de manera deliberada y sin justificación en favor del rentismo. Esta tendencia preocupante muestra una clara desconexión entre las necesidades de las personas vulnerables y las decisiones judiciales».

También se señala al Ejecutivo: «El Gobierno trata de convencer a la población de que no hay desahucios mientras se ejecutan 82 desahucios diarios en el Estado Español». «Desde el Sindicato de Inquilinas tenemos claro que solo a través de la organización podemos acabar con los desahucios. Organizarnos para bajar los precios de los alquileres. Organizarnos para luchar por que nuestras casas sean de quienes las habitamos y no de los rentistas que nos explotan. En definitiva, organizarnos para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y sea, de una vez por todas, un derecho universal«.