Hoy sólo seis de aquellas familias permanecen enrocadas en sus viviendas, con sus contratos vencidos pero pagando las rentas con regularidad al administrador de la finca y aferradas al remoto sueño de que su casero acceda a venderles el inmueble, algo que le han planteado, para constituir una cooperativa en cesión de uso y ser dueñas de su futuro habitacional. Sin embargo, no parece que la propiedad contemple esa posibilidad. Muy al contrario, acaba de redoblar la presión sobre estos vecinos para lograr que se vayan comenzando molestas obras en todos los pisos que han logrado ir vaciando, una acción que los inquilinos califican como «acoso inmobiliario» y que aseguran realizan sin las licencias correspondientes.